El gobierno argentino condenó hoy en forma enérgica y profunda los saqueos ocurridos en un mercado de la rionegrina ciudad de Bariloche y decidió enviar 400 efectivos de la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad. La condena fue expresada en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal, quien subrayó el repudio hacia "cualquier tipo de manifestación violenta que venga a frenar el proceso de paz social que tenemos los argentinos".
El envío de los gendarmes, precisó, responde a un pedido formal del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, ante la ola de saqueos que se desarrollaban hoy en San Carlos de Bariloche y que rebasaban las capacidades de contención de las fuerzas provinciales.
Aclaró que los efectivos de Gendarmería colaborarán en el cuidado de la ciudad, "dado que las tareas de contención de la protesta son obviamente responsabilidad constitucional" de las autoridades rionegrinas.
Abal advirtió que en el gobierno nacional está "más atentos que nunca, previendo situaciones de cualquier naturaleza" y aludió al apagón ocurrido en la vecina provincia de Neuquén y que dejó la mitad de ésta sin electricidad.
Estos hechos de pequeños grupos marginales enormemente violentos destruyendo supermercados y robando electrodomésticos nos hablan de cuestiones que no casualmente ocurren en fechas como ésta", cuando se cumple un aniversario de las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre de 2001, señaló.
En otra parte de su intervención, el jefe de Gabinete argentino anunció que por decreto de la presidenta Cristina Fernández fue anulado un resolutivo de 1991 por el que se vendía el Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina.
El decreto -dijo- ordena a la Agencia de Bienes del Estado la inmediata toma de posesión del inmueble conocido como La Rural, así como determinar las compensaciones correspondientes.
Recordó que en 1991, con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular, se aprobó la venta del predio mediante decreto firmado por el expresidente Carlos Menem que el juez Sergio Torres definió ahora como una sustracción al patrimonio nacional.
Por dicha acción fueron procesados 11 funcionarios bancarios y de la comisión de ventas de inmuebles estatales, los entonces presidente y secretario de la Sociedad Rural Argentina y el exministro de Economía Domingo Cavallo, todos por el delito de peculado, detalló.
YVKE Mundial/Prensa Latin
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